La Contraloría General emitió una advertencia especial al Ministerio de Salud. Con corte al 30 de junio de 2026, el Ministerio tenía 10,18 billones de pesos en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalizar, es decir, plata girada sin soporte de en qué se gastó.
El órgano de control revisó una muestra de 40 proyectos de infraestructura y equipos financiados entre 2022 y 2025, por 1,03 billones. De ellos, 22 presentan retrasos, suspensiones, fallas de diseño u obras distintas a las aprobadas; suman 541.194 millones, el 52,77 % de lo revisado. Solo el 1,61 % de lo asignado en ese periodo corresponde a proyectos reportados como terminados.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, ya había pedido a la Contraloría y a la Procuraduría revisar 885.000 millones asignados entre el 1 y el 6 de agosto.
Por qué importa: es plata de la salud que no se ha convertido en camas, quirófanos ni servicios. El contralor habla de riesgo inminente de pérdida de recursos.
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