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En 2025, Salud Total gastó en atención 98 pesos por cada 100 de ingresos. Sanitas, con una población afiliada de tamaño similar, gastó 118, según la siniestralidad que reporta la Contraloría. Ambas reciben la misma Unidad de Pago por Capitación (UPC) base por el mismo plan de beneficios.
¿Cómo se explica una brecha de veinte puntos? Esa pregunta debería estar en el centro del debate que hoy se abre. El Ministerio de Salud anticipa un incremento de la UPC de entre 12 % y 13 % para 2027, y la Corte Constitucional le exigió sustentarlo técnicamente a más tardar el 15 de enero de 2027. Sostengo que el sistema necesita recursos suficientes, pero que ningún incremento será sostenible mientras la gestión del riesgo en salud siga siendo tan desigual entre aseguradoras.
El indicador que mide esa diferencia es la siniestralidad: por encima de 100 %, la aseguradora opera con pérdida técnica. En 2025, según la Contraloría, 19 de las 27 EPS con información superaron ese umbral.
Entre las grandes EPS que reportaron, solo Salud Total cerró 2025 por debajo de 100 %: pasó de 103 % en 2024 a 98 %.
La trayectoria de Sanitas fue la inversa. Según la Contraloría, su siniestralidad pasó de 107 % en 2024 a 118 % en 2025, un año con ocho meses bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y cuatro de nuevo bajo Keralty. Según los balances de la Supersalud recogidos por El Tiempo, su patrimonio pasó de positivo, antes de la intervención de abril de 2024, a un saldo negativo de 1,7 billones de pesos al terminarla. Así Vamos en Salud lo ubica en menos 3,05 billones en junio de 2026.
Las EPS intervenidas, en conjunto, registraron en el primer semestre de 2026 una siniestralidad de 114,3 %, frente a 102,3 % de las no intervenidas, según el economista David Bardey. A mi juicio, la intervención estatal tampoco es la respuesta: los indicadores de Sanitas se deterioraron mientras estuvo intervenida, una medida que la Corte Constitucional dejó sin efectos en 2025 por violar el debido proceso.
Y más dinero no garantiza resultados. El caso más claro es el régimen especial del Magisterio. En 2025, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) ejecutó 4,11 billones de pesos en salud para cerca de 834.000 afiliados: unos 4,9 millones por persona, más del triple de la UPC base del régimen contributivo. El fondo perdió 1,7 billones ese año y su red de prestadores se redujo cerca de 84 %, según Así Vamos en Salud. Si el problema fuera solo de recursos, los docentes tendrían la mejor atención del país.
La Corte Constitucional pide separar las dos cosas. En el Auto 1302 de 2026 advirtió que el déficit de una EPS no demuestra por sí solo la insuficiencia de la prima, y ordenó al Ministerio de Salud diferenciar el gasto atribuible al riesgo del originado en fallas de gestión.
Hacerlo es posible con lo que el país ya tiene. La UPC se ajusta antes del año por edad, sexo y zona. La Cuenta de Alto Costo redistribuye después recursos por enfermedad renal crónica y algunos cánceres, pero la diabetes, la hipertensión y la mayoría de las enfermedades crónicas no entran en la fórmula. Riascos, Romero y Serna (Universidad de los Andes, 2017) encontraron que ese modelo predice apenas el 30 % del gasto del quintil de afiliados más costoso. Parte de la brecha entre EPS puede reflejar afiliados más enfermos; sin un ajuste por condición de salud, en borrador desde 2022, nadie puede medir cuánto es riesgo y cuánto es gestión. Con las tarifas pasa algo parecido. El país carece de un manual único de obligatorio cumplimiento. El tarifario SOAT solo rige para accidentes de tránsito, eventos catastróficos y urgencias sin contrato, y cada EPS negocia por separado el resto de sus precios. La agenda regulatoria 2027 de Minsalud propone una metodología actuarial para la UPC y un nuevo tarifario, este último con el mismo alcance limitado.
Los datos también existen. A finales de 2024, un cruce de bases entre Minsalud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) encontró 23.410 atenciones registradas a personas que ya figuraban como fallecidas. Desde mayo de 2026, la ADRES audita con inteligencia artificial las reclamaciones por accidentes de tránsito; ese enfoque debería extenderse a toda la facturación del sistema.
Algunos pensarán que la UPC está mal calculada. Bardey estima que un ajuste inferior al 15 o 16 % no estabiliza a las EPS. Además, según Minsalud y la Contraloría, cuatro de las cinco EPS de referencia con las que se calculó la UPC de 2026 superaron el 100 % en 2025, y el Presupuesto General de la Nación 2027, expedido por el Decreto 1599 de 2026, no incluyó los 3 billones adicionales para salud que el Congreso aprobó en segundo debate.
Es probable que la UPC necesite un ajuste real. Pero un aumento parejo premia por igual a quien gestiona bien y a quien no. La Organización Mundial de la Salud estimó en 2010 que, en el mundo, entre 20 % y 40 % del gasto en salud se pierde por ineficiencia.
Por eso la resolución de la UPC 2027 no debería limitarse a fijar un porcentaje. El Ministerio de Salud puede expedir de una vez el ajuste por condición de salud, empezando por las cohortes de enfermedad renal crónica, diabetes e hipertensión, y adoptar un manual tarifario único con valores máximos de obligatorio cumplimiento. Una fracción del incremento debería girarse según resultados en salud verificables por EPS, y la Superintendencia Nacional de Salud tendría que exigir planes de ajuste a quien no los alcance.
Antes de discutir cuánto sube la UPC, alguien tendría que explicar por qué, con la misma UPC base, una EPS gastó 98 y otra 118. Sin esa respuesta, el próximo aumento también se diluirá en la ineficiencia.
Dr. Oscar Rocha. Médico colegiado y experto en políticas públicas de salud.
Las opiniones expresadas en esta columna son del autor.
Algunas de las fuentes citadas: Corte Constitucional, Auto 1302 de 2026 Cambio: informe de la Contraloría sobre las EPS en 2025 Portafolio: UPC 2027 Portafolio: FOMAG y Así Vamos en Salud
Publicada originalmente el 31 de octubre de 2026. Foto: Joachim Schnürle / Unsplash. Imagen de referencia.